Concentración frente al Congreso en reclamo de justicia por el asesinato de Miguel Galván

Dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) repudiaron este jueves el homicidio del campesino santiagueño Miguel Galván y exigieron la «inmediata sanción de una ley que frene los desalojos» rurales, en un acto frente al Congreso Nacional.

«Vengo del monte porque tenemos un hermano más muerto», dijo Ricardo Cuéllar, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC, parte del MNCI), en el acto del que participaron el subsecretario de la Agriculta Familiar, Emilio Pérsico, una docena de diputados nacionales, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y numerosas organizaciones políticas y sociales, entre otros.

Cuéllar reclamó que «la ley contra los desalojos salga ya para que no haya más muertes».

Galván, de la comunidad indígena Lule Vilela, fue asesinado este miércoles por «un sicario de una empresa sojera» próximo al límite entre las provincias de Santiago del Estero y Salta, y a unos 50 kilómetros de donde murió en noviembre de 2011 Cristian Ferreyra, en otro crimen de igual signo, denunció el Mocase-VC, la organización de la que ambos formaban parte.

También en nombre del MNCI, Julián Roqué afirmó que el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora «se tiene que hacer cargo del conflicto por la tierra», y su compañera Marisol Aguirre sostuvo que «el agronegocio asesina» y que hay «responsables políticos, ideológicos y materiales» del crimen.

Como oradora del acto que cubrió avenida Rivadavia desde Callao a Combate de los Pozos, la diputada nacional María Inés Pilatti Vergara (FPV, Chaco) sumó su voz en favor del tratamiento y sanción de la ley que frene los desalojos.

«No se puede hablar de soberanía nacional y soberanía alimentaria si no aseguramos la tierra y la vida de los campesinos», señaló la legisladora, quien se solidarizó con familiares y compañeros de Galván y evocó la lucha de las Ligas Agrarias en los `70.

A su vez, Pérsico, en declaraciones a Télam, respaldó la sanción de la ley contra los desalojos, «que nosotros hemos apoyado en su momento» y que «los movimientos campesinos plantean (…) como un recurso que hace falta para frenar la política de las topadoras».

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, expresó al cerrar el acto, como última oradora, «la indignación que tenemos por las muertes de campesinos en Santiago del Estero y en Formosa».

«Que devuelvan las tierras a los campesinos y que paren los desalojos. Basta de matar. Basta de muerte cuando se defiende la tierra», exigió Cortiñas, acompañada por Mirta Baravalle, del mismo sector de Madres de Plaza de Mayo.

Adhirieron también al acto los diputados Mara Brawer, Leonardo Grosso, Horacio Pietragalla, Adriana Puiggrós, Adela Segarra, Julio Solanas, Araceli Ferreyra y Edgardo Depetri, del Frente para la Victoria; Graciela Iturraspe, de Unidad Popular, y Jorge Cardelli y Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur.

Además de numerosos militantes del MNCI, acudieron a la demostración integrantes de diversas organizaciones políticas y sociales, entre ellas el Movimiento Evita, Corriente 17 de Agosto, Los Pibes, CTA, FPDS, PO, PCR, MP La Dignidad, La Brecha y MTE.

En declaraciones a Télam, Raimundo Laudero, del MNCI, recordó que Galván fue asesinado «cuando empezaron los relevamientos» de las tierras de la comunidad y que el Comité de Crisis provincial constató hace dos semanas la grave tensión creada en el lugar, sin adoptar medidas.

«No hay presencia del Estado, y cuando no hay presencia del Estado, es terreno libre para el agronegocio y sus sicarios. No hay nada que los detenga, solamente las comunidades campesinas, que son las que ponen el pecho y, como en este caso, la vida».

Como otros exponentes del MNCI, responsabilizó en particular al ministro de Producción provincial, Luis Gelid, y al juez de Monte Quemado, José Torrelio, quien «hace 15 días hizo una audiencia de conciliación» entre las parte en conflicto.

Según dijo, en esa audiencia el juez «deslegitimó a las familias campesinas, diciéndoles que ellas no tenían derecho, que ese lugar ya le pertenecía al empresario, siendo que se trata de familias (poseedoras) que viven desde hace más de 50 años en el lugar».

«Hace cerca de un mes y medio, pensando en el asesinato del compañero Cristian Ferreyra, mandamos un comunicado (del MNCI) que se titula así: `Se podría haber evitado. Va a volver a ocurrir`», concluyó Laudero.

Fuente: Télam, 11 de octubre de 2012

Fotos: Télam, MoCaSE VC, JP Evita

Entrevistas a Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo) y Adela Segarra (diputada nacional FPV-Movimiento Evita)

Ni un muerto más por el agronegocio (Página 12)

Organizaciones exigieron justicia por Galván (Tiempo Argentino)