Nuestros pibes y pibas son quienes están en peligro

por Lucila De Ponti | Diputada Nacional

Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, se han impulsado políticas de ajuste que llevan a niños, niñas y adolescentes a una situación de alta vulnerabiidad: el aumento de la violencia institucional, la falta de políticas de prevención del consumo problemático, el vaciamiento de programas que promovían la inserción educativa complican el día a día de miles.

Por esto decimos: nuestros pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro.

Consideramos un grave error entender que los problemas de inseguridad se resuelven criminalizando la juventud. Está demostrado estadísticamente que la participación de Jóvenes entre los 14 y 16 años en delitos graves es ínfima.

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Promoción Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen plena vigencia, como así también tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos de los que son acreedores niños y niñas que habitan en nuestro país. Necesitamos funcionarios que las ejecuten y jueces que las apliquen.

Bajar la edad de imputabilidad implicaría “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes y una vez mas llevaría a la Argentina a no respetar estándares internacionales. Debemos abordar el necesario debate que nos permita construir una normativa específica y particular que regule la relación de los y las adolescentes con la Justicia Penal, que contemple las especificidades de este segmento poblacional y el respeto irrestricto por el amparo de sus derechos.

Es deber del Estado implementar políticas publicas integrales que garanticen los derechos a la educación, salud, trabajo, deporte y cultura. La problemática de la seguridad debe resolverse promoviendo los mecanismos de integración social y el acceso al trabajo digno para el conjunto de la sociedad. Los jóvenes deben tener la posibilidad de planificar un proyecto personal que les permita desarrollar su vida y la de sus familias en condiciones de dignidad, y el Estado es responsable de garantizarlo.