#Economía2017: un salto al vacío

Nuevo nombramiento pero nada ha cambiado. El año 2017 nos recibe con dos nuevos Ministros, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, ante la salida del ex ministro Prat Gay. No mucho ha cambiado, las políticas de hiper endeudamiento y de transferencia de ingresos hacia el poder económico se van a mantener. En todo caso, las nuevas políticas profundizarán lo hecho hasta ahora. Tal vez la única diferencia es que se intentará cambiar de forma más permanente determinadas instituciones y logros que tanto la clase media como los sectores populares volvieron a conquistar luego de las famosas reformas estructurales de Martínez de Hoz y Domingo Cavallo.

El flamante Ministro de Finanzas, Caputo, aseguró que la Argentina sigue desendeudada y que la deuda externa sigue siendo baja comparada con otros países. Lo anterior es curioso por dos motivos; el primero, porque nada dice que la deuda externa se duplicó simplemente para pagarle a los Fondos Buitres y para cubrir parte del déficit fiscal creado porque se redujeron los ingresos al eliminar o reducir impuestos a los grandes contribuyentes, como las retenciones a la soja. En segundo lugar, esa afirmación implica que el resto de la deuda del Gobierno “no es un problema porque se refinancia automáticamente”, según los propias palabras del ministro. Lo curioso es que en campaña se cansaron de argumentar que no existía “el desendeudamiento” ya que le debíamos a la ANSES y al Banco Central; pareciera que ahora eso ya no es un problema o, tal vez, nunca lo fue y la política de desendeudamiento fue real y muy exitosa!

Por el otro lado, el nuevo Ministro de Hacienda Dujovne propone tres ejes centrales: 1) Bajar el déficit fiscal de más del 7% del PBI al 4,2%; 2) Aumentar el gasto en infraestructura dentro de la inversión pública; y 3) Disminuir impuestos distorsivos para incrementar la competitividad.

Claramente ha fracasado la idea que eliminando las restricciones a la compra de dólares, arreglando con los Fondos Buitres y con un gabinete lleno de CEOs, los mercados nos iban a inundar de dólares con inversiones productivas, y que nuestro costo de endeudamiento se reduciría porque seríamos más confiables. Los hechos fueron muy distintos; no sólo no existieron las entradas de capitales sino que se fueron, los argentinos siguieron comprando dólares para viajar al exterior y para atesorar. Inclusive los resultados del blanqueo muestran que el 84% de los argentinos exteriorizó sus activos en el resto del mundo pero sólo una pequeña parte decidió repatriar sus capitales. Un blanqueo que produce recursos en el corto plazo pero que se le garantiza eliminar el impuesto a los bienes personales hacia el año 2019.

Los casi 50.000 millones de dólares de deuda que tomamos durante 2016 sirvieron sólo para financiar la salida de capitales (48%), para pagarle a los fondos buitres (22%), y el resto para incrementar transitoriamente las reservas del Banco Central, que ha incrementado su déficit cuasi fiscal por la brutal colocación de LEBACs a elevadas tasas de interés y porque ha incrementado el financiamiento al gobierno nacional.

Es justamente el resto del mundo el que plantea dudas sobre la sostenibilidad de la actual política económica y, entonces, la salida que encontraron fue profundizar el rumbo, más ajuste. Eso sí, las transferencias de recursos de la clase media y de los sectores populares hacia los sectores económicos concentrados, eso no está en discusión. Más aún, Dujovne propone profundizar ese camino.

El planteo de bajar el déficit fiscal sería consistente con la política de eliminar e incrementar abruptamente las tarifas de los servicios públicos, algo que ya hemos denunciado como injustificado y que sólo se explica por la necesidad de transferir recursos a un grupo de empresarios amigos. Sin embargo, mientras que a muchas áreas del gobierno se le plantea un ajuste para hacer “más eficiente” el gasto, se reducen las retenciones a la soja perdiendo ingresos genuinos. Es más, el 2 de Enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1.343, donde se decreta la reducción mensual del 0,5% sobre la alícuota de las retenciones a la soja desde Enero 2018 hasta Diciembre de 2019 inclusive (quedando en el 18% en enero del 2020). Esto implica no solo que alguien, o algo, va a tener que compensar esa pérdida de ingresos públicos y esas transferencias al complejo sojero, sino que se están comprometiendo gravemente las cuentas fiscales del próximo gobierno.

Este compromiso se da por varios canales, pero los principales serían: a) al reducir las retenciones a la soja se reduce la recaudación en dólares del próximo gobierno, mientras que; b) deberá hacer frente a cuantiosos pagos en dólares debido al brutal endeudamiento que lleva adelante este gobierno. Como ya se dijo, este cuento ya lo vimos, y lo vivimos en carne propia. No existe ningún otro impuesto que pueda reemplazar a las retenciones a la soja para hacer sostenible en el tiempo los nuevos pagos de intereses de la deuda externa: desde 2020 se estima que, gracias a esta medida, se dejará de recaudar cerca de 2.000 millones de dólares por año; lo que representa casi el 40% de los intereses que ya tenemos comprometidos para ese año (siempre que se mantenga el actual stock de deuda en moneda extranjera). Si la respuesta es que la baja del impuesto aumentará la producción, es nuestro deber advertir que seguir desplazando la producción de otros cultivos y de otras producciones de alimentos (como la carne y la leche) terminará reduciendo su productividad y aumentando su precio para el consumo local. Es decir, dado que los pobres gastan el 85% de sus ingresos en alimentos, el aumento del costo de los mismos los empobrece más. ¿Dónde quedará la política de pobreza cero?

Disminuir los impuestos al trabajo, las cargas patronales (especialmente a las PYMEs), el impuesto a los ingresos brutos, y reducir el IVA y el impuesto al cheque, todas medidas pensadas para incrementar la competitividad, crear empleo formal e incentivar la actividad productiva. Estas fueron otras de las medidas enunciadas por Dujovne.

¿Cómo puede todo lo anterior intentar disfrazarse como algo distinto a un ajuste? Aquí es donde entra en juego la obra pública. Se propone subir el gasto de infraestructura para reactivar la economía y el empleo. Se prevé que las inversiones en vivienda, hábitat y obras hídricas crezcan un 50%. Se destinarán 15.766 millones para vivienda social (en 2017 habrá 46% más de fondos para la construcción de casas, estimándose que para el 1° trimestre se inauguren 5.000 viviendas y otras 20.000 que se mejorarán o se terminarán de edificar). Con esto se pretende incorporar 85.000 empleos en el rubro de la construcción. También aumentará la financiación de viviendas a través del plan Procrear. Se destinarán otros $ 9.000 millones (en 2016 solo fueron 4.200 millones) para mejora de asentamientos precarios. Otros $ 9.692 millones para obras hídricas ($ 1.160 millones irán a obras hídricas, 3.741 millones al Plan Belgrano Agua y 4.788 millones a obras de agua y cloacas). También se le sumarán fondos específicos para programas de obra pública por casi $ 3.000 millones.

Sin embargo, mientras que la inversión total en nuestro país es del 18% del PBI, la inversión pública sólo representa el 3% del PBI. Durante 2017 se proyecta invertir más de 50 mil millones de pesos en reactivar la obra pública mientras que en 2016 nada se hizo para evitar que el consumo se reduzca cerca de 300 mil millones de pesos. El consumo representa cerca del 75% del PBI, ni la inversión privada ni la pública pueden reemplazar el empuje del consumo, tampoco se puede crecer sólo con consumo y sin inversión pero plantear una política económica que busca ajustar el consumo y reducir la producción local para controlar la inflación mientras que pretende apostar a la inversión privada y pública como motores que puedan reemplazar lo anterior, es una política inconsistente. Tampoco ningún incremento de las exportaciones (dentro de los factibles) podrá compensar la totalidad del ajuste.

Al mismo tiempo, se afirma que sobra un millón de empleados públicos y el propio ministro aceptó que de los 3,6 millones de empleados públicos en el Gobierno Nacional (cerca de 600 mil) hay “poco por hacer” y que son las provincias y los municipios los que en realidad han aumentado fuertemente sus plantas. Hasta ahí llega la declaración, aunque no sería muy raro esperar un pedido de “sinceramiento” del empleo público en los municipios y las provincias; tal vez será contra transferencias por dinero para obra pública? Más allá de lo que cada gobernador e intendente tenga para decir llegado el momento, desde el punto de vista macroeconómico y social, hay que tener en cuenta que el empleo público en municipios y provincias implica menor riesgo que esos ciudadanos quieran asentarse cerca de las grandes urbes (Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Buenos Aires) para buscar mejores oportunidades de trabajo. Nuevamente, vemos otra medida unitaria y cortoplacista.

Es casi tragicómico que dentro de las propuestas se resalte que les bajarán las cargas patronales a los empresarios PYMEs. Sería bueno preguntarles a ellos si prefieren que les bajen las cargas patronales de los empleados que deberán despedir por no poder competir con las importaciones o si prefieren que el Estado los respalde para mantener su nivel de producción. Sólo a modo de ejemplo, a las PYMEs se les pedirá competir con importaciones Chinas cuyo costo de energía es muy reducido porque el 70% de su matriz depende de la quema de carbón, mientras que en Argentina dolarizamos el costo energético y ponemos en “pausa” el desarrollo nuclear. Eso sí, invertimos en energía renovable que es mucho más cara y que sólo representa el 7% de la producción energética mundial.

Los supuestos costos laborales por las cargas patronales son principalmente aportes a la salud y a la jubilación. Cavallo bajó las cargas patronales y aumentó el desempleo mientras que se desfinanciaron las obras sociales y las cajas de jubilación. No pretenderán desfinanciar la ANSES para volver al sistema de AFJPs, no?

Ninguno de estos CEOs ha manejado sus empresas regalando ingresos y transfiriendo riqueza de su empresa a otros empresarios, no ven al Estado como una empresa sino como una vaca lechera que debe servirle para agrandar a futuro el negocio de un pequeño grupo de empresarios en Argentina.

Es interesante ver qué ha pasado en Estados Unidos, la idea que la transferencia de recursos a los ricos termina beneficiando a los trabajadores se consolidó con Reagan en 1988 (que los ricos ganen mucho para que luego derrame sobre el resto de la economía). En 2001, Bush hijo, le reduce los impuestos a los ricos bajo los mismos argumentos: eso se volcará en mayor crecimiento económico y se crearán más de 3,3 millones de puestos de trabajo, según calculaban. Los ricos se volvieron más ricos pero sólo se crearon un millón de puestos de trabajo durante sus 8 años de gobierno, no fue un buen negocio. Ahora bien, previo a Bush, en la época del presidente Clinton se crearon 22,7 millones de puestos de empleo sin ningún recorte de impuestos a los ricos.

Inclusive el actual vice ministro de economía, Sebastián Galiani, ha escrito en Enero de 2010 para el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) que: “El principal argumento que justifica los recortes de impuestos introducidos en 1995-1999 en la Argentina (a saber, que los costos laborales más bajos aumentarían el empleo) no fue confirmado por los acontecimientos… Sin embargo, los recortes de impuestos tuvieron un efecto significativo en las finanzas públicas: la recaudación del impuesto sobre el trabajo como porcentaje del ingreso salarial total disminuyó en casi la mitad desde mediados de los noventa hasta principios de los 2000… Los resultados indican que los cambios en las tasas del impuesto sobre el trabajo sólo se desplazan parcialmente a los salarios y señalan la ausencia de cualquier efecto significativo sobre el empleo”.

Estas políticas ya las hemos visto, son unitarias, buscarán un pacto fiscal donde los estados subnacionales resignen recursos propios a favor de una promesa de mayores transferencias del gobierno nacional y de aumentar la actividad económica. En la medida que el Estado nacional pueda endeudarse todo se puede “pilotear” pero cuando en un par de años lleguemos a nuestro límite de endeudamiento, ¿quién, o con qué, se pagarán los sueldos y los interés de la nueva mega deuda? Estas políticas te llevan a una crisis social y económica, nada nuevo, ya lo conocemos. Un nuevo salto al vacío.